domingo, 1 de mayo de 2011

COMUNICADOS DE LOS DIARIOS P.P.P.


viernes 8 de abril de 2011


Telecom paga dividendos en 10 días

Una asamblea de accionistas de Telecom aprobó el pago de dividendos en efectivo por 915,47 millones de pesos, a efectivizarse el martes 19 de abril.
El pago equivale a 0,93 peso por acción, lo que representa el 93 por ciento sobre el capital nominal de la compañía telefónica.Además, la asamblea aprobó destinar a la cuenta Reserva Legal 91,06 millones de pesos y derivar 1,06 millón al nuevo Ejercicio.En 2010, Telecom Argentina registró un beneficio neto de 1.821 millones de pesos, 30 por ciento superior al del año previo.De corresponder, Telecom deducirá el importe pagado en concepto de Impuesto a los Bienes Persona

Telecom Argentina aprueba dividendo en efectivo por 220 mln dlr

jueves 7 de abril de 2011 17:05 ART
BUENOS AIRES, abr 7 (Reuters) - Telecom Argentina, una de las principales empresas de telefonía del país, dijo que la asamblea de la sociedad aprobó el jueves la distribución de un dividendo en efectivo por 915,5 millones de pesos (220 millones de dólares).
La empresa dijo que el pago correspondiente al ejercicio 2010 se efectivizará a partir del 19 de abril próximo, según una nota que envió a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Telecom Argentina (TEC2.BA: Cotización) TEO.N ganó 1.821 millones de pesos (443,3 millones de dólares) en el 2010, frente a utilidades de 1.405 millones de pesos en el año previo.
Las acciones de Telecom cerraron el jueves en la Bolsa de Buenos Aires con un descenso de un 1,62 por ciento.
(Reporte de Walter Bianchi; editado por Hernán García)

CLARIN. COM
DE FECHA 4 DE MARZO DE 2011-04-21
Demoras en la cesión de acciones de empleados 
Antonio Rossi 
anrossi@clarin.com
A 17 de años de haberse privatizado el servicio telefónico, los empleados de Telecom siguen reclamando la instrumentación del Programa de Propiedad Participada (PPP).

Mientras que en la empresa Telefónica ya hace varios años que se transfirió la totalidad de las acciones del PPP, en Telecom aún está pendiente la entrega del 50% de la porción accionaria que fue asignada a los trabajadores.

La pulseada por el PPP —donde están en juego 42 millones de acciones valuadas en $ 560 millones— tiene como actores principales a los trabajadores, el Banco Ciudad de Buenos Aires y la Justicia. De los casi 8.000 empleados de Telecom, unos 2.000 acudieron a los Tribunales para exigir la acreditación de las acciones que custodia el Banco Ciudad.

Pero pese a que ya existen cerca de 700 casos con sentencias firmes, el banco sólo procedió a entregar los títulos a unos 100 beneficiarios, mientras que para el resto tiene demorada la transferencia desde hace casi un año.

"Pese a que tiene todos los registros de los empleados, el Banco Ciudad viene dilatando la transferencia a los empleados que cuentan con fallos judiciales favorables de primera y segunda instancia", destacó el abogado Guillermo Cichelli, que lleva adelante los reclamos de casi 500 trabajadores. Agregó que "las auditorías al PPP muestran que hay un faltante de $ 12 millones y de 5 millones de acciones, que representan otros $ 70 millones".

Desde su inicio, la implementación del PPP de Telecom se convirtió en un trámite conflictivo. Tras varias denuncias contra el comité administrador del programa, en 1999 una intervención judicial liberó la entrega de la mitad de las acciones del PPP. En ese momento, también se había dispuesto la cancelación de la deuda con el Estado por el restante 50% que todavía no fue transferido a los trabajadores




Sábado: 10 de Enero 2009



Por Fernando Krakowiak

Tal como anticipó Página/12 ayer, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) intimó a Telefónica de España para que notifique la operación de compra de acciones a través de la cual en 2007 ingresó en Telecom Italia y, de manera indirecta, en Telecom Argentina, su principal competidor en el país. Los españoles se negaban a notificar porque afirman que la transacción no constituyó una concentración económica y que, por lo tanto, no está alcanzada por el régimen de control previo de fusiones y adquisiciones. Ese rechazo forzó al organismo regulador a iniciar una investigación preliminar de donde surge que sí tienen que hacerlo. Lo más significativo es que llegaron a esa conclusión luego de demostrar el impacto local. “Resulta indudable que la transacción en análisis implicó un cambio de control en Telecom Argentina”, dice la resolución difundida ayer. Al reconocer la existencia de una concentración económica sólo queda esperar que el dictamen final del organismo obligue a Telecom Italia a desprenderse de su filial local. Españoles e italianos son conscientes de esta situación. Por lo tanto, lo más probable es que apelen la resolución de la CNDC.
El presidente de la comisión, Ricardo Napolitani, comunicó la novedad ayer a las 14 durante una conferencia de prensa ofrecida en la sede del organismo, en compañía de los vocales Humberto Guardia Mendonça y Diego Póvolo. “La medida se tomó en defensa de los usuarios argentinos”, afirmó Napolitani, quien por ahora descartó que le vayan a aplicar una multa a las empresas involucradas por no haber notificado oportunamente ante la CNDC, como lo indica la Ley de Defensa de la Competencia.
El argumento principal que esgrimen los españoles es que su participación en Telecom Italia es minoritaria, pues sólo compraron el 5,6 por ciento de las acciones con derecho a voto de forma directa a través de la sociedad Telco y el 18 por ciento en forma indirecta, mediante la adquisición de la compañía Olimpia, totalizando el 23,6 por ciento de las acciones. Además, remarcan que para ahuyentar cualquier sospecha se incluyó una cláusula en la que se establece que no participarán de las decisiones de Telecom Argentina. Sin embargo, la resolución 4/2009 difundida ayer desestima esas explicaciones.
En el informe oficial se afirma que no hace falta contar la mayoría accionaria para tener el control de una empresa. A fines de 2001, Pirelli junto a Edizione Holding acordaron adquirir el control de Olive-tti. Para ello constituyeron Olimpia (80 por ciento de Pirelli y 20 por ciento de Edizione), que se quedó con el 26,9 por ciento de la firma. A su vez, Olivetti tenía el 54,9 por ciento de Telecom Italia. Por lo tanto, Pirelli pasó a controlar a la empresa y a su filial argentina.
La situación de Telefónica es similar. En 2007 creó la sociedad Telco (allí posee el 42,3 por ciento y el resto de las acciones se reparte entre otros cuatro socios). A través de esa firma adquirió Olimpia, la cual actualmente tiene el 18 por ciento de Telecom Italia. Esa porción, junto al 5,6 por ciento de Telecom Italia que posee de manera directa a través de Telco, le permitió controlar la compañía con sólo el 23,6 por ciento de las acciones, dentro de un escenario de mucha dispersión. Además, es el único operador técnico, ya que sus otros socios provienen del sector financiero. Por eso, la CNDC remarca en su escrito que los españoles tienen “una influencia sustancial a la hora de tomar decisiones estratégicas en Telecom Italia” y hablan de cambio en el control en Telecom Argentina.
En 2002, Pirelli se vio obligado a notificar su ingreso a Telecom Argentina ante la CNDC. En ese entonces, el organismo regulador autorizó el desembarco, pero esa empresa no tenía el liderazgo del mercado local de telecomunicaciones, como sí lo tiene Telefónica. Por lo tanto, las perspectivas para los españoles son sombrías.
La cláusula que supuestamente garantiza la no participación de Telefónica en las decisiones de Telecom Argentina también es demolida en la resolución de la CNDC. “Se trata de un compromiso privado que se reduce a una simple declaración de intención de las partes, sin ningún mecanismo efectivo de supervisión posible para las autoridades locales, por lo que la eventual infracción a la ‘autolimitación’ podría ser indetectable en el mercado local”, destaca el informe. Luego se agrega que “las soluciones preferibles desde el punto de vista regulatorio son aquellas de naturaleza estructural que previenen de manera definitiva los problemas de competencia”.
Ahora los protagonistas de la operación deberán hacer su descargo ante la CNDC, que tiene 45 días hábiles para decidir (en los hechos pueden ser muchos más porque el organismo puede dejar en suspenso el plazo para pedir más información o realizar estudios de mercado). Lo más probable es que Telecom Italia y Teléfonica apelen la decisión de notificar manteniendo su postura de que la transacción no impacta en el país. Si admiten que se está frente a una operación de concentración, la batalla para ellos estaría perdida porque el pliego de privatización de Entel dividió al país en dos zonas y estableció expresamente que las empresas que ganaran la licitación no podrían tener vinculaciones societarias entre sí.



Miércoles 13 de Agosto de 2008


Telefónica deberá repartir

La Corte dictaminó ayer la inconstitucionalidad del decreto 395/92 que liberó a las telefónicas de emitir bonos de participación en las ganancias para el personal beneficiado con el Programa de Propiedad Participa
Por Fernando Krakowiak

La Corte Suprema dictaminó ayer la inconstitucionalidad del decreto 395 que en 1992 liberó a Telefónica y Telecom de la obligación de emitir bonos de participación en las ganancias para el personal beneficiado con el Programa de Propiedad Participada (PPP) implementado luego de la privatización. Lo hizo al considerar procedente el reclamo por daños y perjuicios entablado contra Telefónica y el Estado Nacional por Jorge Gentini y otros empleados de la empresa española que se consideran perjudicados por dicha norma y reclaman un resarcimiento que los compense. En las conclusiones del fallo, el máximo tribunal estableció que deben ser los jueces de la causa los encargados de discernir la responsabilidad de los demandados, pero dejó en claro que, independientemente de la culpa que le cabe al Estado por haber dictado el decreto, la obligación que pesaba sobre Telefónica “se encontraba claramente establecida en el cuadro normativo que presidió la convocatoria al concurso público en el que resultó vencedora”. Esta decisión sienta un precedente para miles de trabajadores que ya habían iniciado su reclamo judicial o tienen previsto hacerlo.
El dictamen de la mayoría está firmado por los magistrados Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. Mientras que Enrique Petracchi y Carmen Argibay se manifestaron en disidencia. La abogada Liliana Zabala, representante de los demandantes, se mostró conforme con el fallo y pidió que los jueces de primera instancia definan lo antes posible el monto del resarcimiento. En Telefónica, por su parte, se limitaron a señalar a Página/12 que todavía no habían sido notificados sobre la medida y que, por lo tanto, preferían no emitir opinión.
El conflicto surgió apenas se concretó la venta de Entel. En la Ley de Reforma del Estado sancionada en 1989 se estableció que el capital accionario de las empresas públicas sujetas a privatización podría ser adquirido en todo o en parte a través de un PPP y se aclaró expresamente que, en caso de implementarse, “el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias para el personal”. El decreto 62/90 que dispuso el llamado a concurso público internacional para la privatización ya preveía que el 10 por ciento del capital social de las futuras sociedades pasaría a manos de los trabajadores para de ese modo neutralizar la resistencia sindical.
El decreto 2423/91 puso en marcha la implementación del PPP una vez concretada la privatización. Esa decisión tenía como correlato ineludible la obligación de emitir aquellos títulos. Sin embargo, el decreto 395 sancionado un año después liberó a las telefónicas de emitir los bonos de participación en las ganancias. Los trabajadores comenzaron a impugnar ese decreto en la Justicia y ahora un grupo de ellos logró el respaldo de la Corte Suprema. En su dictamen de mayoría, el tribunal sostiene que “resulta incontrastable que el artículo 4 del decreto 395/92 está viciado de inconstitucionalidad por evidenciar una extralimitación en la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo que condujo a instaurar una regulación contraria a la claramente establecida en la norma que debía reglamentar”.
Telefónica sostuvo oportunamente ante la Justicia que por más voluntad que la sociedad privatizada hubiera tenido de emitir los bonos, no lo podría haber hecho porque, además de haber sido liberada de esa obligación por el decreto 395/92, hubiera sido un acto nulo por no estar prevista esa facultad en el estatuto social de la empresa debido a una “omisión” cometida en su momento por María Julia Alsogaray, funcionaria encargada de redactarlo. No obstante, la Corte sostuvo que como la obligación surgió de la ley “no cabe invocar como excusa la falta de mención al respecto en la reglamentación o la necesidad de una ulterior adecuación estatutaria”. Además, remarcó que “el detrimento patrimonial sufrido por los empleados exhibe como contrapartida y corolario ineludible el beneficio obtenido por la empresa privatizada”.

Ahora le corresponderá al tribunal de origen de la demanda determinar el resarcimiento. En enero de 2007, un fallo de los jueces de la sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal sobre el mismo tema repartió la responsabilidad obligando a la telefónica a afrontar el pago por las ganancias que no percibieron los trabajadores y obligando al Estado a responder por los intereses devengados desde la fecha de dictado del decreto 395/92.

La Corte Suprema no dio ahora ninguna precisión sobre cómo calcular el monto resarcitorio, aunque obligó a la empresa y al Estado nacional a afrontar las costas del juicio. La demanda que motivó el fallo de la Corte se había iniciado en 1999. Sin embargo, Gustavo Aisin, abogado del estudio Recalde, señaló a Página/12 que ahora el tiempo de espera será mucho menor porque los jueces no tienen que tramitar todo el juicio de nuevo sino sólo dictar una nueva sentencia, lo cual podría demorar entre uno y dos años.


Lunes: 5 de Mayo de 2008

                            SE PELEAN HASTA POR LOS INMUEBLES

La disputa por Telecom revela el interés por el negocio de las telecomunicaciones. Sin embargo, la firma también tiene como atractivo un PATRIMONIO INMOBILIARIO DE 420 MILLONES DE DÓLARES.
POR FERNANDO KRAKOWIAK
Telecom es una pieza clave en el mercado local de las telecomunicaciones. La disputa entre el Grupo Werthein y sus socios italianos es un reflejo del interés que despierta ese negocio. Sin embargo, la compañía también tiene otro atractivo que, si bien está en segundo plano, suma al momento de pelear por su control. Actualmente posee más de 1300 propiedades en todo el país, con una superficie cubierta de 600.000 metros cuadrados que, tomando un valor promedio de 700 dólares por metro, representa un patrimonio inmobiliario de 420 millones de dólares. De ese total, cerca de 100 propiedades, algunas de primera categoría, comenzaron a ser vendidas, generando un ingreso extra que entusiasma a directivos y accionistas.
DE ENTEL AL DEFAULT
La mayoría de las propiedades de Telecom pertenecían a Entel, pero al momento de la privatización el Estado no tenía un registro preciso de los inmuebles que poseía. De hecho, en el inciso 7 del Contrato de Transferencia, correspondiente a los activos, se aclaró que “los inventarios son pasibles de errores no sustanciales, por exceso o por defecto, por no contar Entel con información actualizada y verificada sobre la precisión de los mismos”. El consorcio liderado entonces por italianos y franceses realizó un primer relevamiento al tomar el control de la firma a comienzos de los ’90, pero los activos recién comenzaron a mirarse con lupa luego de la devaluación. En 2002 el gobierno pesificó y congeló las tarifas. Telecom tenía una deuda millonaria en dólares y declaró el default. Al momento de negociar el Acuerdo Preventivo Extrajudicial con sus acreedores hubo que presentar las escrituras de las propiedades y ahí volvió a plantearse el problema de la falta de información. Entonces, el directorio solicitó un exhaustivo relevamiento de los inmuebles y vehículos que se poseían.
Relevamiento con RED
La tarea estuvo a cargo de la entonces denominada gerencia de Servicios Generales que detectó y digitalizó información correspondiente a más de 1300 propiedades, dato que actualmente se puede chequear en los pliegos que publica la empresa cuando licita los servicios de limpieza. Además, se verificó la existencia de 2500 autos. El directorio se sorprendió con los resultados obtenidos y ordenó un plan de acción tendiente a optimizar el espacio, pues debido al desarrollo tecnológico se estaba necesitando cada vez menos superficie operativa y los inmuebles sobraban (las centrales, por ejemplo, son cada vez más pequeñas). Esa decisión permitió liberar cerca de 100 propiedades. En 2006 el directorio contrató a la consultora RED, a sugerencia del Grupo Werthein, para que verificara la calidad de los principales edificios, analizara qué se podía hacer con ellos, determinara su tasación de mercado y buscara potenciales compradores. RED confirmó a Página/12 la realización de ese trabajo, que se extendió durante casi un año. El tema adquirió tal relevancia dentro de Telecom que la gerencia de Servicios Generales pasó a llamarse gerencia de Real Estate.
VENDIENDO LAS JOYAS

El informe de RED permitió elaborar una lista de propiedades a ser vendidas, entre las que se destacaban: Edificio Telecom (ubicado en Alicia Moreau de Justo 50), Central Belgrano (La Pampa y Obligado), Edificio Costanera (Agüero y Las Heras), Edificio Golf (Cabildo y Dorrego), predio Crámer-Conesa (Crámer y Pedraza, frente a la ex cancha de Platense), el Almacén Martínez (próximo a Unicenter); la Tosquera de Quilmes (en condominio con Telefónica), el Telepuerto Martínez, los pisos compartidos con Telefónica en el ex edificio de Psinet (Barracas) y un predio ubicado en General Pacheco donde Telecom conserva unas 80 hectáreas.

El Telepuerto Martínez se lo quedó la empresa TIBA, comercializadora de señales de cable, a través de una operación de leasing que prácticamente no tuvo difusión pública. Luego se vendieron las oficinas del ex edificio de Psinet al Grupo Clarín y la Tosquera de Quilmes, donde en la época de Entel funcionó Startel, a la constructora de Nicolás Caputo, que pagó 8,1 millones de dólares en diciembre pasado.

El resto de las propiedades aún está disponible. En el caso del edificio de Puerto Madero, tasado en 60 millones de dólares, lo que busca el directorio es venderlo, pero quedarse alquilando las oficinas. Por la Central Belgrano, un predio de 10.600 metros cuadrados cubiertos en una zona muy cotizada de la ciudad, se están escuchando ofertas. A mediados de 2006, Telecom intimó a Comsat, Telmex e IPlan para que trasladaran los equipos de interconexión que tienen en el lugar haciéndose cargo de los gastos. Telmex solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) asegurando que no estaba demostrado que la decisión estuviera basada en cuestiones de maduración de la red de telefonía. Por lo tanto, sólo se trasladaría si Telecom pagaba los gastos.

En ese momento, Telecom dejó de presionar y la mudanza se frenó, lo que hizo sospechar que hasta ese momento no se había notificado a la CNC. El dato no es menor porque el pliego de privatización establece que la venta de bienes afectados al servicio requiere la autorización del organismo regulatorio.     Fuentes de la empresa reconocieron a Página/12 que ese requisito no se cumplió en todos los casos. Pese a esto la compañía mantiene la intención de vender el edificio de la Central. Ya trasladó el servicio de call center correspondiente al número 110 y lo más probable es que sólo conserve allí el nodo tecnológico.

El más conflictivo es el predio ubicado en General Pacheco. Cuando se concretó la privatización de Entel, en noviembre de 1990, María Julia Alsogaray les cedió ese predio a Telecom y Telefónica, pese a que originalmente estaba previsto que quedara en poder de Radio Nacional. Luego estas empresas vendieron parte del lugar a un desarrollador inmobiliario que construyó el barrio privado Santa Bárbara, pero aún quedan unas 80 hectáreas en disponibilidad. RED sugirió la venta, pero aún no se realizó, pues se está esperando una definición de la Justicia para saber si pueden disponer libremente de ese terreno.

           Jueves: 15 de Febrero de 2007


Quiero mi parte de ENTel

          Un jubilado telefónico denunció penalmente a la ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray y el ex Ministro de Trabajo Rodolfo Díaz por incumplimiento de la ley que consagra la participación en las ganancias de los trabajadores de Telefónica y Telecom.
Fuentes judiciales informaron que la denuncia es por los presuntos delitos de “asociación ilícita” y “administración fraudulenta” -con penas de hasta 10 años de prisión- y recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, con la intervención del fiscal Carlos Cearras.
          El jubilado Roberto Blanco, de 70 años, representado por la abogada Liliana Zabala, recordó a la Justicia que la ley 23.696, que 1989 reguló las privatizaciones de empresas estatales como ENTEL e “innovó en los procesos privatizadores” incorporando los Planes de Propiedad Participada (PPP).
          Mediante aquel plan, remarcó, se otorgaban acciones a los trabajadores y obligaba a las privatizadas a “emitir bonos de participación en las ganancias para el personal” de manera que cada empleado de Telefónica y Telecom iba a recibir “una cantidad de bonos de participación en las ganancias, determinada en función de su remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia”.
          Sin embargo, según el denunciante, Alsogaray cuando era interventora de ENTEL y dirigió el proceso de privatización de la compañía “omitió” esa obligación de emitir bonos de participación en las ganancias al elaborar los estatutos de las licenciatarias que prestarían el servicio.
        Dos años más tarde, el 5 de noviembre de 1992, el ministro Díaz impulsó el decreto 395/92 del Gobierno del entonces presidente Carlos Menem por el cual se estableció que las licenciatarias “no están obligadas a emitir bonos de participación en las ganancias para el personal”, añadió.
       Por eso, para Blanco y su abogada, el decreto del Gobierno menemista “violenta derechos subjetivos de los trabajadores telefónicos, establecidos previamente a su favor” y “se cercena un derecho adquirido por ley, por un decreto”, y “vulnera la garantía constitucional de protección a la propiedad privada”.
      Todo ello, concluyó, ha posibilitado que las licenciatarias telefónicas “acrecentaran su patrimonio en detrimento al de los trabajadores, al no pagar los bonos de participación en las ganancias”.
       Al respecto, la denuncia incluyó una carta del interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, José Luis Palazo, del 23 de noviembre de 1992, dirigida a los presidentes de Telecom y Telefónica y en la cual les preguntaba si “a la luz del último decreto se consideran satisfechos”.
         Por este tema de la implementación del PPP de los telefónicos y la administración de esos valores ya hay una megademanda en el fuero civil por parte de 1.600 trabajadores del sector, que se encuentra a la espera de una resolución final en la Corte Suprema de Justicia.
     Así como hay una causa penal, en trámite desde hace varios años, por el juez federal GUILLERMO MONTENEGRO CONTRA EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO FOETRA, ROGELIO RODRÍGUEZ, POR SUPUESTO “FRAUDE” EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES TELEFÓNICAS QUE CORRESPONDEN A LOS TRABAJADORE

                                                              
  Jueves: 8 de Febrero de 2007


PIDEN INDAGATORIA A MENEM Y DROMI

        El fiscal Gerardo Pollicita pidió hoy que se cite a declaración indagatoria al senador nacional y ex presidente Carlos Menem por el traspaso irregular en 1990 de un campo del Estado, de 240 hectáreas, a la empresa italo-francesa Telecom
        Fuentes judiciales informaron que el requerimiento del funcionario del Ministerio Público abarcó la citación como imputados del entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, José Roberto Dromi; un ejecutivo francés de Telecom; el apoderado de la compañía y una escribana.
            A todos ellos, el fiscal les imputa el presunto delito de “peculado”, castigado con 2 a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

            En la oficina de prensa de Telecom no hicieron comentarios al respecto.

        El campo en cuestión está ubicado en General Pacheco, partido de Tigre, y era propiedad de la Empresa Nacional de Teléfonos (ENTel), que allí facilitaba una franja de terreno a Radio Nacional para el emplazamiento de su planta transmisora, con una valuación de mercado de 108 millones de pesos/dólares.
        En el proceso de privatización de ENTel se realizó un inventario de los terrenos, edificios y equipos a traspasar a Telecom y Telefónica, las dos ganadoras de la licitación, en el cual no figuraba el predio de Pacheco, porque no resultaba imprescindible e iba a quedar en manos del Estado, explicó el dictamen fiscal.

     Sin embargo, prosiguió el requerimiento del titular de la fiscalía 11, apenas un día antes de la firma del Acta de Transferencia por Dromi y la entonces interventora de Entel, María Julio Alzogaray, el 7 de noviembre de 1990, se incorporó un “acta modificatoria” del inventario.

      Mediante dicha cláusula se incorporó el campo de 240 hectáreas a la lista de bienes inmuebles que ENTel traspasó a Telecom, en un acto realizado en la cartera del área el 8 de noviembre de 1990, y la escritura de aquellos terrenos se concretó cuatro años más tarde.

       Al poco tiempo en un área de esas 240 hectáreas se empezó a levantar un barrio privado, comentaron las fuentes.

      En esta causa, Alzogaray ya está procesada y se encamina a juicio oral y público ante el tribunal oral penal federal 6,Posiblemente este año. Aunque está condenada a tres años de prisión por enriquecimiento ilícito y afronta dos juicios orales, la ex poli funcionaria goza de la excarcelación.

INCUMPLIMIENTO


  Martes, 15 de Agosto 2006


           
Denuncian a telefónicas por aportes no hechos por 500 millones de pesos Desde el 2001, la telefonía fija, la móvil y la transmisión de datos debían aportar uno por ciento de su factura para la universalización del servicio. Mondino los denunció por no cumplir. 

Por Cledis Candelaresi

            Una denuncia judicial presentada ayer por el ombudsman nacional, Eduardo Mondino, podría motorizar la puesta en práctica de un mecanismo para universalizar las telecomunicaciones en la Argentina, que debería estar funcionando desde el 2001. Si tal como lo disponía la legislación se hubiese integrado un fondo específico para ese fin, ya se podrían haber invertido más de 500 millones de pesos para expandir el servicio. Las responsabilidades por esta falencia son compartidas por los secretarios de Comunicaciones que se sucedieron desde entonces.

            Cuando en el año 2000 expiró el período de exclusividad que tenían las telefónicas, se creó por decreto un fondo para la expansión del servicio que a partir del primer día del año siguiente debía integrarse con el 1 por ciento de la facturación bruta de todas las operadoras, bien sea de telefonía fija, móvil o transmisión de datos (proveedores de Internet).
           
            El mismo decreto habilitó el sistema denominado de play or pay, de modo tal que las compañías podían depositar esa suma o bien hacer obras por el monto equivalente, todo bajo la supervisión del Consejo de Administración del Servicio Universal.

Pero ese Consejo, que debía estar liderado por un funcionario a designar por el ministro de Economía más representantes de las empresas, usuarios y provincias, nunca se puso en marcha. La Comisión Nacional de Comunicaciones notificó a las empresas la obligación de previsionar aquellos recursos hasta tanto estuviera operativo el sistema, y el ex secretario de Comunicaciones, Marcelo Kohan, organizó una consulta pública sobre el contenido del reglamento que debía regularlo. Nada más.

Importante:
            Mucho más céleres fueron las empresas de telefonía celular, que desde el 2001 impusieron a sus clientes un cargo para costear la universalización del servicio, distorsionando la norma que las obliga a detraer el 1 por ciento sobre sus ingresos del momento, sin contemplar ningún traslado a los usuarios. La transgresión fue revertida por la Justicia que, a instancias de una denuncia de Mondino, obligó a esas compañías a restituir el dinero mal cobrado.

            El espíritu de la norma que crea aquel fondo, ideado en su momento por el secretario aliancista Henoch Aguiar, era subsanar cierta falencia de la privatización de Entel que no contemplaba expresamente ninguna obligación de llevar el servicio a áreas desconectadas y no rentables sin cargar el costo de esa expansión en los nuevos beneficiarios y que, en definitiva, propició la concentración de inversiones en lugares lucrativos.

Según la Defensoría del Pueblo, hoy existen más de dos mil localidades del interior que no tienen banda ancha, por la deficiente calidad de las centrales telefónicas. Pero la verdadera falencia es que hay núcleos de cientos de habitantes que están absolutamente aislados porque no tienen ningún servicio de teléfono.

De haber un dictamen judicial favorable al fundado reclamo de Mondino, el secretario de Comunicaciones, Lisandro Salas, se verá forzado a exigir a las empresas el depósito retroactivo del dinero que, según estimaciones de especialistas del área, es de alrededor de 100 millones de pesos por cada año. También tendría que poner en funciones a aquel Consejo, encargado de licitar las obras o de controlar las que ejecuten las propias empresas, que tienen el aliciente de incorporar nuevos activos por esa vía.

Miércoles: 18 de Mayo de 2005


María Julia complicada

        La situación judicial de María Julia Alsogaray puede empeorar. El fiscal Carlos Rívolo pidió al juez Claudio Bonadío la elevación a juicio oral de la causa contra la ex polifuncionaria menemista por “administración infiel en perjuicio de la administración pública” por la contratación directa de una consultoría durante la privatización de ENTel.
        La maniobra habría ocasionado un perjuicio contra el Estado de 250 millones de dólares. El delito tiene una pena de hasta 6 años. La investigación alcanza también a los integrantes de la Consultora KPMG, el Estudio Jaime Fernández Madero y Copiga SA, cuyo trabajo consistía en la certificación de contratos de obra pública suscriptos por la empresa estatal de comunicaciones.
                                                                                                                                             Alsogaray sumará así otro juicio oral a los tres que ya tiene pendientes. Los dos en los que los tribunales le concedieron la excarcelación, la refacción de la Secretaría de Recursos Naturales y la contratación de una agencia de publicidad para el Plan de Manejo del Fuego, además del que involucra la venta de terrenos de Radio Nacional. En tanto la Cámara de Casación deberá expedirse el 31 de este mes sobre la confirmación o no de la sentencia de tres años por enriquecimiento ilícito. Con dos sentencias firmes, la ex polifuncionaria volvería a prisión.


Jueves: 15 de Julio de 2004






MARÍA JULIA SE PREPARA PARA UNA LARGA TEMPORADA EN EL BANQUILLO

 El juez Urso elevó a juicio oral una causa en la que María Julia está acusada de ceder en forma ilícita un predio que pertenecía a Radio Nacional. Con éste, ya son tres los juicios en su contra.

 La ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray afrontará un nuevo juicio oral acusada de ceder ilícitamente el predio de la planta transmisora de Radio Nacional, en una maniobra que causó un perjuicio millonario al Estado cometida cuando comandó la privatización de la telefónica ENTel.

   Esto ocurre porque el juez federal Jorge Urso dio por terminada la investigación del caso. Con esta decisión, Alsogaray va camino a enfrentar dos nuevos procesos públicos, uno en esta causa y otro ya en preparación por supuesto pago de sobreprecios en la Secretaría de Medio Ambiente, todos a cargo del mismo tribunal que en mayo la condenó por enriquecimiento ilícito a tres años de prisión.
    Presa en la DUIA de la calle Cavia desde agosto del año pasado, la ex funcionaria está procesada en esta causa por “defraudación en perjuicio de la administración pública” y pesa sobre sus bienes un embargo de diez millones de pesos.  La Oficina Anticorrupción (OA) la denunció en el año 2000 por la presunta cesión irregular de los terrenos donde funcionaba la planta transmisora de LRA 1 Radio Nacional en la localidad de General Pacheco. Según la denuncia, el 7 de noviembre de 1990 el Estado argentino adjudicó a un consorcio francés, estadounidense y argentino una parte del servicio de telefonía, en el marco de la privatización de ENTel.
   Los terrenos de LRA 1, cuya transferencia fue cuestionada, fueron incorporados a la privatización. Se adjudicó al consorcio Stet, France Cable et Radio, J.P. Morgan y Compañía Naviera Pérez Companc el 60 por ciento de las acciones de la licenciataria Norte, por medio del decreto 296/90. “Un día antes de la suscripción de los contratos de transferencia con las licenciatarias Norte y Sur”, la ex empresa nacional de telecomunicaciones “integró al listado de inmuebles” el de Radio Nacional.
            
La transferencia operada respecto del inmueble e instalaciones es ilícita”, dijo el juez Urso al elevar la causa a juicio. Alsogaray fue “responsable directa de todo el proceso de privatización” y, por extensión, también de la “ilícita transferencia del inmueble en cuestión”, pues era ella “quien ejercía las facultades de administración y disposición de los bienes que el Estado nacional” le había confiado en el marco de la privatización, señaló el juez. Según el auto de elevación a juicio, la transferencia del predio, situado en el cruce de la ruta 197 y las vías del Ferrocarril Mitre, fue “extemporánea” y habría causado un “grave perjuicio para el Estado”.
Alsogaray irá a juicio junto a sus ex colaboradores Ricardo Fox y Gustavo Albano Abreu, ambos acusados de “cómplices secundarios”. El delito de defraudación en perjuicio de la administración pública está contenido en el artículo 174 del Código Penal y prevé penas de prisión de dos a seis años. En esta causa, la ex polifuncionaria había sido beneficiada con “falta de mérito”, pero la Cámara de Apelaciones la revocó y dictó los procesamientos que incluyeron un embargo de 10 millones de pesos en los bienes de la mujer, de 7 millones en los de Fox y de 5 millones en los de Abreu.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Horacio Vaccare y María Cristina Sanmartino, del Tribunal Oral Federal 4, le negaron la excarcelación por considerar que una segunda pena no sería excarcelable y ahora por conexidad, también quedó a su cargo el tercer juicio que enfrentará Alsogaray..





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