PRUEBAS

PANORAMA ECONÓMICO

PLATA PLATA PLATA

Por Julio Nudler

 El negocio que intentan los dirigentes de Foetra es bastante bueno. Consiste en quedarse, a través de diferentes mecanismos, con lo que puedan rendir más de 700 millones de pesos en acciones telefónicas, incluidas en un cajón llamado Fondo de Garantía y Recompra (FGR). Allí fueron a parar los papeles de los que debieron desprenderse compulsivamente los trabajadores que pertenecieran a ENTel pero quedaron excluidos de sus sucesoras privadas. Como empleados activos habían recibido --al menos en teoría-- su parte de la torta de los PPP, equivalentes al 10 por ciento del capital accionario de Telefónica y Telecom. Pero cuando se los convirtió en retirados, sólo obtuvieron una porción mínima del valor de mercado, de acuerdo con una fórmula acordada, sin atribuciones para hacerlo, entre el Gobierno y la dirigencia sindical. Ellos mismos habían convenido bloquear las acciones durante ocho años, a lo largo de los cuales sus dueños (los telefónicos) no podrían disponer de ellas, para que entre tanto fueran administradas por los sindicalistas y eventualmente capturadas por éstos, aunque sea en parte.

Este objetivo final peligró desde el momento en que una rama gremial --el Sindicato Buenos Aires, opuesto a la Federación (Foetra)-- convenció al banco mayorista Comafi de desembarcar en el negocio y conseguir, antes que nada, que Roque Fernández liberara las acciones. La venta posterior pondría en el bolsillo de cada telefónico activo unos 70.000 pesos promedio, muy difíciles de llegar a reunir ahorrando mes a mes algunas monedas. Ante esta posibilidad, el 90 por ciento de los empleados le otorgaron a Comafi mandatos de venta irrevocables. El banco les cobraría por su gestión unos 12 millones.

Este peligro puso en acción al ultramenemista Rogelio Rodríguez, junto a otros dirigentes afines a Foetra, y la Casa Rosada emitió rápidamente, diez días atrás, un decreto que intenta devolver a la conducción amiga el control de la situación, previendo que sendas asambleas de representantes de los dos PPP --obviamente controladas por los foetristas-- decidan el rumbo a seguir, pese a que la intervención de "representantes" sea ilegal. El campo de batalla no son las acciones adjudicadas a los telefónicos activos, porque nadie puede discutirles su propiedad ni la libertad de venderlas como prefieran. La pelea se libra en torno de las correspondientes a los FGR "Fondo de Garantia y Recompra", que deberían repartirse entre los activos en proporción a sus tenencias. Pero no es ése el propósito sindical.

En el caso de Telefónica, la empresa lanzó su oferta: pagará a razón de 3,50 la acción (ayer el papel cerró a 3,66 en la Bolsa), precio libre de gastos (lo que implica que se haría cargo de abonarle al Comafi). Lo sorprendente es que, de este modo, Telefónica se muestra decidida a gastar cerca de 850 millones para reabsorber el 10 por ciento del paquete de la compañía, que luego eliminaría mediante una reducción de capital, que ya le fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Es verdad que ninguna de las empresas privatizadas mira con simpatía estos programas, ni le gusta que en su representación alguien ocupe una butaca en el directorio. Pero parece demasiada plata para quitarse de encima a un director marginal e insípido.

A partir de este extraño comportamiento pueden plantearse muchas conjeturas, sobre todo si el desenlace de la operación implica una ganancia millonaria para un clan sindical estrechamente vinculado a la cúpula del menemismo. Algo debe de entusiasmar en este fin de fiesta al propio presidente, porque ayer, hablando en Las Parejas, resaltó que acaba de autorizar a los telefónicos la venta en 1500 millones de pesos (¿cómo sabe el precio?) de las acciones que les fueron entregadas a sólo 37 millones. En realidad, Menem se quedó corto, porque los empleados no tuvieron que pagar nada, ya que esas acciones se autoadquirieron con los dividendos que producían. Sin embargo, detrás de este aparente milagro económico se esconde un despojo al conjunto de la sociedad, que era la dueña del sector telefónico. Ni siquiera quedan en pie los programas, que fueron el pretexto ideológico de la arbitrariedad: el slogan del capitalismo popular de mercado, de los proletarios-propietarios, de los asalariados-socios que trabajarían con más ahínco al sentirse parte de las empresas.

Cualquiera puede preguntarse si el regalo de 1463 millones del que se jacta Menem fue asignado con algún criterio de justicia social, si lo reciben los más necesitados, los desposeídos. O si esa impresionante masa de recursos se adjudicó en función de otros objetivos: lubricar la primera gran privatización, puntapié inicial de la venta de las restantes empresas del Estado, para evitar cualquier resistencia y contar con la buena voluntad de los gremialistas, a los que debía quedarles reservado un reconocimiento especial, muy superior al que se repartiría entre la masa de empleados. Sin embargo, las magnitudes en juego son tan rotundas que quizá desborden las escudillas sindicales y derramen bastante sopa en otros labios.

Este impresentable final es digno de toda la turbulenta historia de los PPP telefónicos, hilvanada por personajes tan notorios como María Julia Alsogaray, Wenceslao Bunge, Rodolfo Díaz (en sus tiempos de ministro de Trabajo) y otros. Difícilmente haya un juzgado donde no existan causas abiertas para denunciar las irregularidades de todo el proceso, a lo largo del cual fueron cayéndose muchos millones sin que nadie rindiera cuentas. Adolfo Bagnasco está investigando a varios protagonistas de este largo y solapado escándalo por administración fraudulenta.

En realidad, mientras se acerca la culminación, se cruzan varios conflictos simultáneos. Telecom acordaría confiar al banco JP Morgan la venta del paquete, luego de reunir nuevos mandatos de sus empleados, que entrarían en puja con los poderes otorgados a Comafi. Y en la Justicia centenares de retirados cuestionan todo el procedimiento que los obligó a entregar su parte del pastel por apenas unas monedas. Mientras tanto, muchos activos piensan ya en los juicios que entablarán después de cobrar. Todo un espectáculo de armónica y fecunda convivencia entre el capital y el trabajo.

FUENTE DE INFORMACION

 https://www.pagina12.com.ar/1998/98-05/98-05-16/pag10o1.htm

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"El dinero - puede comprar el mejor de los libros
Pero nunca los conocimientos y la Moralidad de la Personas"

“El informe final se encuentra pendiente de aprobación por el Colegio de Auditores Generales”, le hizo saber Rodolfo Barra, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), al juez federal penal Adolfo Bagnasco el 23 de marzo último. Se refería así, lacónicamente, a un dictamen concluido 26 meses atrás, que recomendaba sumariar a un puñado de altos funcionarios del menemismo por las graves irregularidades cometidas en la implementación del Programa de Propiedad Participada telefónico. Ese PPP, cuyo valor de mercado supo rondar los 1500 millones de pesos, pretendía poner en manos de los trabajadores de la privatizada ENTel, transferidos a Telefónica y Telecom, un 10 por ciento del capital accionario de estas concecionarias.

El dictamen, que da cuenta también de Wenceslao Bunge, portavoz de Alfredo Yabrán, y que Barra está queriendo mandar a archivo sin que se expida sobre él el Colegio, órgano conductor de la AGN, coincide en sus conclusiones con las de un fallo que Bagnasco dictó en febrero de 1999, procesando por administración fraudulenta a Wylian Otrera, secretario de Obras y Servicios Públicos durante la gestión de Domingo Cavallo, y a sindicalistas ultramenemistas de Foetra: Rogelio Rodríguez, Omar Pérez y Diógenes Salazar. Sin embargo, al ser apelado ese fallo, en noviembre la Cámara Penal, con las firmas de los jueces Riva Aramayo y Vigliani, dictó la falta de mérito en base a un fárrago de argumentaciones administrativas pero no penales, considerando que Bagnasco no había reunido pruebas suficientes.

Ante esto, Liliana Zabala, abogada de la querella, presentada por cerca de un millar de damnificados, instó al juez a reclamar que la AGN le enviara el dictamen sobre el Programa telefónico, porque agregaría pruebas a la investigación. Esta solicitud de Bagnasco es, precisamente, la rechazada por Barra. Aunque sea verdad que la cúpula de la Auditoría no se pronunció, el organismo tendría la obligación de girarle el dictamen a la Justicia ante su requerimiento para ayudarla en su tarea. Pero no piensa hacerlo. Zabala denunció ayer el tema a la Oficina Anticorrupción, donde quedó en manos de Carlos Manuel Garrido. 

El dictamen de la discordia, que formaría parte de un conjunto de más de cien investigaciones que Barra querría mandar a archivo, sufrió a partir de su conclusión las consecuencias de la regla del consenso, pactada entre el Justicialismo y la Alianza, en acatamiento de la cual el Colegio de la AGN –un órgano subordinado al Parlamento– sólo aprobaba lo que contase con acuerdo unánime de sus siete miembros. A la sazón, luego de que en agosto de 1998 el dictamen fuera trasladado a Economía para que ese ministerio hiciera su descargo, y después de resultar éste desestimado por la Auditoría (con apoyo de su área de Asesoría Legal), la discrepancia de un auditor justicialista, Antonio Barrios, dejó cajoneada toda esa ardua investigación.

Bagnasco había considerado en su fallo el perjuicio ocasionado a los participantes del PPP telefónico por no haberse destinado la totalidad de los dividendos a cancelar la deuda con el Estado, contrariamente a lo establecido por la ley 23696. Tal proceder mantuvo la indisponibilidad de las acciones –que continuaron caucionadas– para los trabajadores telefónicos y, consiguientemente, le posibilitaba a los órganos administradores del PPP, que estaban en manos de sindicalistas de Foetra, retener el manejo de esos enormes paquetes y de los dividendos que producían. Bagnasco les apuntó en su fallo a Otrera, Rodríguez, Pérez y Salazar, pero dejó fuera a Díaz, Bunge y a los responsables del Banco Ciudad, fideicomisario del Programa, señalados a su vez por otras muchas irregularidades. El dictamen técnico de los auditores de la AGN recomienda “la instrucción de sumarios administrativos a fin de determinar la existencia de violaciones a la normativa vigente y la delimitación de responsabilidades entre los funcionarios que participaron en la instrumentación de los Programas auditados...” (se refiere a los de Telefónica y Telecom). Aunque el texto no hace nombres, los funcionarios intervinientes fueron Rodolfo “Chango” Díaz y Marcelo Stafforini por el Ministerio de Trabajo (luego mudados a la Procuración del Tesoro), y Wylian Otrera y Elio Riccitelli por Economía. 

Personas en principio involucradas hay bastantes más, pero la Auditoría debe limitarse a quienes eran funcionarios del Estado. En este sentido, además de los dirigentes sindicales, un caso especial es el de Bunge, quien posteriormente cobraría notoriedad por sus servicios al “cartero”. El 13 de mayo de 1991, Cavallo designó a Bunge (hombre vinculado a la embajada de Estados Unidos) asesor ad honórem, con nivel jerárquico equivalente a la máxima categoría del escalafón. El entonces ministro de Economía deseaba que lo asesorara respecto de los PPP. Bunge había creado una consultora dedicada al tema, llamada precisamente PPP S.A., que fue contratada por los sindicalistas de Foetra y cobró 2.320.000 pesos para instrumentar el Programa, pagados con recursos de éste. El dictamen de la AGN señala que sólo la autoridad de aplicación –es decir, Economía– estaba autorizada a contratar esos servicios de consultoría, y recrimina a sus responsables no haber objetado el proceder de los sindicalistas.

Los auditores descubrieron además varias perlas. Por ejemplo, que a Bunge se lo contrataba, entre otras cosas, para asesorar en la elaboración y redacción del Acuerdo General de Transferencia (es decir, el traspaso de las acciones del Estado al PPP), siendo que el oneroso contrato se suscribió cuatro días después de haberse firmado, precisamente, el Acuerdo General de Transferencia. Bunge, por otro lado, debía confeccionar el padrón provisorio de empleados–adquirentes de las acciones clase C (integrantes del Programa), pero los auditores dictaminan que no efectuó los trabajos encomendados.

Otro capítulo pesado del dictamen se refiere a un decreto, el 395/92, que eximió a las telefónicas de la obligación, establecida en la mencionada ley 23696, de emitir Bonos de Participación en las Ganancias y entregarlos a sus trabajadores. Aparentemente, ese decreto intentó salvar una “negligencia” anterior del gobierno de Carlos Menem, que no incluyó el punto en los pliegos de la privatización ni en el Contrato de Transferencia (¿otro descuido de María Julia?), de modo que luego no podían vulnerarse los “derechos adquiridos” de las licenciatarias, en cuyos estatutos tampoco se hace mención alguna de los bonos. Los expertos de la AGN rechazan la argumentación, recomiendan al Estado Nacional imponer la emisión de esos títulos e incluyen el punto entre las violaciones a los marcos legales que caracterizaron a esta turbia y en muchos aspectos burda historia de la Triple P telefónica que Barra quiere ver archivada.

FUENTE DE INFORMACION
https://www.pagina12.com.ar/2000/00-05/00-05-06/pag12o.htm

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LA INSCOSTITUCIONALIDAD
DEL DECRETO 395/92

PPP. TELECOM. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE RE-COMPRA DE ACCIONES POR INCUMPLIMIENTO. PROCEDENCIA. ANTECEDENTES DE LA CSJN.

Juzgo que no se puede rechazar la pretensión de los actores diciendo que deben obligatoriamente pretender el cumplimiento conforme a la operatoria establecida en el decreto 682/95 y 689/95, sobre todo teniendo en cuenta que la Corte Suprema ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 3ro. del decreto 682/95 así como de la resolución conjunta 689/95 de los Ministerios de Economía y Trabajo de la Nación "carece de razonabilidad y sustento la operatoria prevista en el decreto 682/95 y normas concordantes para que el Fondo de Garantía y Recompra adquiera las acciones clase C del Programa de Propiedad Participada correspondiente a los trabajadores que se hayan desvinculados de las empresas telefónicas privatizadas" (Cultri, Elizeo c/ Estado Nacional fallo del 12-12-02 en sentido similar Quintanilla R.E c/ Estado Nacional fallo del 12-12-02).

Dr. Ricardo Gustavo Recondo - Dr. Guillermo Alberto Antelo Dra. Graciela Medina. Voto del Dr. Ricardo Gustavo Recondo.

4.896/00. NIZZA CARLOS EUGENIO Y OTROS c/ SINDICATO DE ACC. DE PPP DE TELECOM ARGENTINA STET FRANCE s/ proceso de conocimiento. 9/06/05

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Sala 3.

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